El concepto del Estado de derecho apareció muy temprano en Vietnam. Desde la primera mitad de 1919, circuló ampliamente en Francia en formato de folleto revolucionario el documento “Reclamaciones del pueblo anamita”, también conocido como “Carta de petición del pueblo anamita” enviado a la Conferencia de Paz de Versalles. Con posterioridad, el texto fue traducido al vietnamita por Nguyen Ai Quoc (nombre de Ho Chi Minh durante las actividades revolucionarias) en forma de “luc bat” (una forma de verso tradicional vietnamita que alterna líneas de seis y ocho sílabas) y fue popularizado en Vietnam bajo el título “Los reclamos de Vietnam en versos”. De las ocho reclamaciones, una exhortaba a promulgar una Constitución que rigiera cualquier aspecto de la vida, es decir, el imperio de la ley (1).

Desde principios del siglo XX, Nguyen Ai Quoc planteó las ideas sobre el Estado de derecho en Vietnam y el imperio de la ley. Esta línea de pensamiento se manifestó claramente en la guía general para elaborar la Constitución de Vietnam, en un contexto en el que la naciente República pendía de un hilo después de la Revolución de Agosto de 1945, y también quedó reflejada en la Constitución de 1946. Sin embargo, poco después de la aprobación de la carta magna, comenzó la guerra de resistencia contra Francia que duró nueve años, seguida por la guerra contra Estados Unidos en medio de la polarización del mundo entre el socialismo y el capitalismo. Por lo tanto, la ideología sobre el Estado de derecho planteada por el Presidente Ho Chi Minh no tuvo condiciones para ser implementada de manera completa en la construcción del nuevo Estado. En 1986, el Partido Comunista de Vietnam (PCV) puso en marcha y lideró el proceso de renovación (Doi Moi) del país. Al mirar hacia atrás, después de casi 35 años del comienzo de ese proceso, se puede afirmar que el pensamiento teórico del Partido en general, especialmente la ideología sobre la construcción de un Estado de derecho socialista - en la cual sobresalen los valores del pensamiento del PCV y del Estado acerca del imperio de la ley-, ha permanecido latente y desarrollado con fuerza.

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 La Asamblea Nacional de Vietnam de la primera legislatura, reunida en el Teatro de la Ópera de Hanoi, analizó y aprobó la Constitución de 1946, el 2 de marzo de ese año  (Fuente: Archivos/Agencia Vietnamita de Noticias)

1- Reconocer y desarrollar la economía de mercado con orientación socialista, creando unas premisas socioeconómicas acordes con la ley para la construcción de un Estado de derecho socialista en Vietnam.

Bajo las condiciones de una economía de planificación centralizada y burocrática, tanto la Constitución como la ley tuvieron su razón de ser principalmente a raíz de la necesidad que presentaba la gestión estatal, por lo tanto, los pensamientos constitucionales y legislativos en Vietnam eran muy limitados. Los pobladores y la sociedad en general tenían pocas necesidades de usar las leyes. Mientras, en la economía de mercado, la Constitución y las leyes nacen, existen y se desarrollan ante todo a partir de las exigencias de las relaciones económicas y de la necesidad de protegerlas, por consiguiente, los pensamientos constitucionales y legislativos pasan a ser más ricos y diversos, ya que aumenta la necesidad de los ciudadanos, así como de toda la sociedad, de aplicar la Constitución y las leyes para garantizar sus intereses legítimos. A partir de esos requisitos objetivos, por primera vez en la historia del país, la Constitución estableció: “El Estado desarrolla una economía mercantil multisectorial bajo el mecanismo de mercado controlado por el Estado, de acuerdo con la orientación socialista” (Artículo 15, Constitución de 1992) y “La economía vietnamita es una economía de mercado con orientación socialista y con diversas formas de propiedad y sectores económicos y donde la economía estatal juega el papel dominante” (Apartado 1, Artículo 51, Constitución de 2013); “Las entidades económicas individuales y el sector privado pueden elegir las formas de producción y de negocio y tienen derecho a establecer empresas sin ninguna limitación, en términos de escala de las actividades en ramas y tipos de actividad que sean beneficiosos para el bienestar de la nación y su gente” (Artículo 21, Constitución de 1992); “Las empresas de los distintos sectores económicos pueden formar entidades conjuntas con individuos u organizaciones económicas dentro o fuera del país, según lo dispone la ley” (Artículo 22, Constitución de 1992); “Todos los sectores económicos son componentes importantes de la economía nacional. Las entidades de diferentes sectores económicos son iguales ante la ley, y cooperan y compiten entre sí de conformidad con la ley” (Apartado 2, Artículo 51, Constitución de 2013); “No se nacionalizarán las propiedades legales de individuos u organizaciones” (Artículo 23, Constitución de 1992 y Apartado 3, Artículo 51, Constitución de 2013). Sobre la base de esas regulaciones fundamentales, nacieron una serie de leyes económicas, civiles y laborales.

2- La herencia y el desarrollo sustancial del principio de que el poder del Estado pertenece al pueblo conducen inevitablemente a la delimitación del poder del Estado y a la primacía de la Constitución y la ley.

En el inmenso legado teórico del Presidente Ho Chi Minh sobre el Estado, el pensamiento de que el poder del Estado pertenece al pueblo quedó claramente expresado en la Constitución de 1946, la cual fue elaborada por un Comité de Redacción dirigido por Ho Chi Minh y fue una contribución de crucial importancia a la historia constitucional del país.

En primer lugar, la Constitución de 1946 afirmó que los sujetos del poder constitucional son los ciudadanos. El poder constitucional es el derecho del pueblo a ejercer plenamente el poder de Estado. El preámbulo de la Constitución de 1946 asevera: "Encargada por todos los ciudadanos de la tarea de redactar la primera Constitución de la República Democrática de Vietnam, la Asamblea Nacional reconoce que...". Según la Constitución de 1946, había una distinción entre los poderes constitucional y legislativo. El preámbulo de la Constitución de 1946 utilizó el término "Asamblea Nacional", mientras en el capítulo III de la Constitución se empleó "Parlamento Popular". No fue una coincidencia que hubiera usos tan diferentes del término, pues se emplearon tales palabras para distinguir entre la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. La "Asamblea Nacional" en el preámbulo implicó que la Asamblea elaboró la Constitución y el "Parlamento Popular" fue el encargado de elaborar las leyes. Por tanto, el Artículo 23 de la Constitución de 1946 reguló los deberes y poderes del Parlamento Popular: “El Parlamento Popular decide todas las cuestiones de interés nacional, diseña leyes, aprueba el presupuesto y ratifica los tratados firmados por el Gobierno con otros países”. Según la Constitución de 1946, el Parlamento Popular solo tenía el poder legislativo y no se le atribuyó el poder constitucional. Mediante las elecciones generales, celebradas el 6 de enero de 1946, se eligió la Asamblea Nacional, que era la Asamblea Constitucional facultada para redactar y ratificar la Constitución de 1946. Después de que la Constitución de 1946 fuese aprobada por la Asamblea Nacional y sometida a consulta popular, la Asamblea Constitucional completaría sus funciones y debería auto-disolverse y sobre en base a lo dispuesto en la Constitución de 1946, se elegiría a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, estalló la guerra de resistencia contra Francia en 1946 y la Asamblea Constitucional se convirtió en la Asamblea Nacional de la primera legislatura, ejerciendo el poder legislativo.

En cuanto a la enmienda a la Constitución, de acuerdo con la Constitución de 1946, no había ninguna agencia u órgano estatal autorizada a enmendar unilateralmente la carta magna. El Artículo 70 de la Constitución de 1946 estipuló el proceso de enmienda de la Constitución: se requería el visto bueno de al menos dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Nacional; la Asamblea Nacional nombraría una comisión para redactar la enmienda, la cual se debía someter luego a la aprobación de la Asamblea Nacional y a consulta popular a través de referéndum, lo que significa que el poder del pueblo se situaba en un nivel superior al poder de la Asamblea Constitucional. De ese modo, la Constitución fue concebida como un método para establecer límites legales al poder estatal. Este concepto se asoció con el pensamiento constitucional en todas las obras de Nguyen Ai Quoc antes asumir el poder del Estado.

Un día después de pronunciar ante el público la Declaración de Independencia, el Presidente Ho Chi Minh planteó durante la primera reunión del nuevo Gobierno seis tareas urgentes de la República Democrática de Vietnam, de las cuales la tercera era: “Antes estábamos gobernados por una monarquía absoluta y luego seguida por un régimen colonial francés que era tan autoritario como el anterior, por lo que nuestro país no tenía Constitución. Nuestro pueblo no tenía libertad ni democracia. Vietnam debe tener una Constitución democrática” (2) Por lo tanto, la Constitución de 1946 fue promulgada de acuerdo con uno de los tres principios establecidos en el preámbulo del documento “garantizar las libertades democráticas” al establecer una Constitución basada en los ideales de los derechos civiles, contrarios a un régimen totalitario.

En segundo lugar, el principio de la Constitución de 1946 residió en "Todos los poderes nacionales pertenecen al pueblo vietnamita". El Presidente Ho Chi Minh enfatizó repetidamente que Vietnam era un país democrático y los poderes nacionales pertenecían a todo el pueblo. Al institucionalizar ese punto de vista, la Constitución de 1946 dispuso en el Artículo 1: “Todos los poderes nacionales pertenecen al pueblo vietnamita sin importar raza, género, condición económica, clase social y religión”. El Gobierno bajo la Constitución de 1946 era un gobierno democrático: el pueblo eligió al Parlamento Popular y el mismo eligió al Gobierno. Aunque la Constitución de 1946 no especificó el principio de descentralización, la asignación del poder estatal fue muy clara y transparente: el Parlamento Popular es el cuerpo legislativo (Artículo 23); el Gobierno es el máximo órgano administrativo del país (Artículo 43); Jueces y Tribunales son el órgano judicial (Artículo 63). De acuerdo con la Constitución de 1946, el Gobierno no era el órgano ejecutivo del Parlamento Popular y el poder judicial era independiente.  Sobre esas bases, el documento estableció: "Todos los poderes nacionales pertenecen al pueblo vietnamita" (soberanía popular), y reguló también la división de poderes en tres ramas, así como el control sobre el poder estatal y la independencia judicial. Esos puntos constituyeron los principios básicos para delimitar el poder estatal, ponerlo bajo la soberanía popular y limitarlo a través de la Constitución.

El principio del dominio del pueblo sobre el poder estatal en la Constitución de 1946 se ha transmitido a todas las Constituciones posteriores de Vietnam, pero el legado contenido en la Constitución de 2013, en esencia, fue diferente al de las de 1959, 1980 y 1992, especialmente a la Constitución de 1980, la cual mostró de forma más cabal las características del socialismo soviético.

En concreto, el principio de que “todo el poder del Estado pertenece al pueblo” regulado en el Artículo 2 de la Constitución de 2013 indicó claramente que el origen, la naturaleza, la finalidad y la fuerza del Estado radican en el pueblo. A pesar de ser puesto de manifiesto también en las Constituciones de 1959, 1980 y 1992, este fundamento en la Constitución de 2013 es más completo, coherente y de naturaleza diferente a los mencionados en las Constituciones anteriores. La Constitución de 1946, a diferencia de las de 1959, 1980 y 1992, afirmaba que el pueblo era el sujeto del poder constitucional; el poder constitucional era superior al legislativo; el pueblo utilizaba el poder constitucional para distribuir el poder estatal dividido en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a la Asamblea Nacional, el Gobierno y Jueces y Tribunales, respectivamente. La Constitución de 2013 heredó esa visión de la Constitución de 1946, lo cual se puede observar en su preámbulo: “El pueblo vietnamita redacta, ejecuta y defiende esta Constitución”.

Por otra parte, la Constitución de 2013 incorporó las formas en las que los ciudadanos usarían el poder estatal. Las Constituciones anteriores, especialmente la de 1980, también establecieron el principio de que “todo el poder del Estado pertenece al pueblo”, pero se implementó junto con el principio de centralización. Por tanto, todo el poder estatal pertenecía al pueblo, pero estaba centralizado en la Asamblea Nacional. Esa percepción implicó que el pueblo era sujeto del poder estatal, sin embargo, debido a que no podía ejercer el poder estatal directamente, cedía todo el poder estatal a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional bajo las Constituciones de 1980 y 1992 fue identificada como una institución con total autoridad. Por tanto, estas Constituciones regularon que el pueblo ejercía el poder estatal a través de “la Asamblea Nacional y los Consejos Populares en todos los niveles”. En contraste, la Constitución de 2013 estipuló que los ciudadanos no solo usarían el poder estatal a través de la Asamblea Nacional y los Consejos Populares en todos los niveles, sino también a través de diversas formas de democracia directa (Artículo 6), mediante el derecho a votar en los referéndums, incluido el referéndum sobre la Constitución (Artículos 29 y 120). A las instituciones que conforman el sistema político también se les asignaron nuevas facultades y responsabilidades.

Por último, la Constitución de 2013 añadió un nuevo principio sobre la organización del Estado: "El poder del Estado está limitado por la Constitución". Esto se deriva de la percepción de que el poder estatal pertenece al pueblo; a través de su poder constitucional, el pueblo empodera a las agencias estatales. Pero después del empoderamiento, el poder estatal del pueblo tiende a autonegarse, lo cual significa que el poder del pueblo se transfiere a unos pocos individuos empoderados. A esto se le llama el deterioro del poder estatal. Por tanto, aun cuando el poder estatal radica en el pueblo, concentrado en la Constitución, debe ejercerse una asignación transparente del poder para controlar, prevenir y revertir su deterioro, lo que se convierte en la base sobre la cual los ciudadanos puedan controlar y evaluar el desempeño de las instituciones u organismos a los que el pueblo atribuye el poder estatal. Al heredar y desarrollar los principios de que “Todo el poder del Estado pertenece al pueblo”, y defender la Constitución es proteger la soberanía popular y la posesión del poder estatal del pueblo, se exigió: “La Asamblea Nacional y sus comisiones, el Presidente, el Gobierno, el Tribunal Popular, la Fiscalía Popular, los demás órganos del Estado y todo el pueblo tienen la responsabilidad de defender la Constitución. El mecanismo para defender la Constitución se regirá por lo prescrito por ley” (Apartado 2, Artículo 119, Constitución de 2013).

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Nguyen Thi Kim Ngan, se reúne con votantes del distrito de Ba Dinh, en Hanói. (Foto: VNA) 

3- Los derechos humanos son reconocidos, respetados y protegidos; y garantizar los derechos humanos y ciudadanos de acuerdo con la Constitución y la ley es un cambio profundo del pensamiento teórico político-legal en la construcción de un Estado de derecho socialista.

Los derechos humanos se convirtieron en un término oficialmente reconocido en las resoluciones del PCV en el período de la Renovación. También fue reconocido en las Constituciones de 1992 y 2013 y en las leyes. Por primera vez en la historia constitucional de Vietnam, la Constitución de 1992 incorporó un artículo sobre los derechos humanos: “En la República Socialista de Vietnam, los derechos humanos en los aspectos político, cívico, económico, cultural y social son respetados, lo cual se refleja en los derechos de la ciudadanía determinados en la Constitución y la ley” (Artículo 50). Al recoger ese punto de vista, la Constitución de 2013 dedicó todo el Capítulo II a los derechos humanos y de los ciudadanos. Este hecho pudo verse como un gran avance en el pensamiento teórico en Vietnam, que demostró la conservación y promoción de los valores progresistas de la humanidad y el pensamiento de Ho Chi Minh.

La Constitución de 2013 trajo un cambio fundamental en la percepción teórica de los derechos humanos y de los ciudadanos. Fue, además, una base constitucional para seguir construyendo y perfeccionando el sistema legal que defiende el factor humano en el Estado de derecho socialista de Vietnam, lo que se refleja los siguientes aspectos:

En primer lugar, la Constitución de 1992 había reconocido el término de derechos humanos por separado de los derechos de los ciudadanos, pero aún no había distinguido los derechos humanos de los derechos fundamentales de los ciudadanos en sus disposiciones. Para superar esa deficiencia, la Constitución de 2013 no solo utilizó los términos de los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos para nombrar un capítulo, sino que también hizo una distinción entre estos dos conceptos. En consecuencia, los derechos humanos se conciben como derechos naturales desde nacimiento, mientras que los derechos de los ciudadanos son, en primer lugar, también derechos humanos, pero están asociados a la nacionalidad, es decir, a la posición jurídica de las personas en relación con el Estado, y están protegidos por este. Solo los ciudadanos con nacionalidad del país de residencia pueden disfrutar de la ciudadanía de la nación, como el derecho al voto, a presentarse como candidato de las elecciones nacionales y a participar en la gestión estatal. Para aclarar tales diferencias, refiriéndose a las convenciones internacionales de los derechos humanos y las Constituciones de otros países, la Constitución de 2013 utilizó la palabra “todos” y “nadie” al expresar los derechos humanos y la palabra “ciudadano” al definir los derechos ciudadanos o “de ciudadanía”.

En segundo lugar, la responsabilidad del Estado de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de los ciudadanos encontró acomodo en la Constitución de 2013. Además de disponer: "En la República Socialista de Vietnam, los derechos humanos y de los ciudadanos en los ámbitos político, civil, económico, cultural y social deben ser reconocidos, respetados, protegidos y garantizados de conformidad con la Constitución y la ley". (Apartado 1, Artículo 14, Constitución de 2013), la norma estipuló también reglas sobre las responsabilidades y garantías del Estado sobre los ciudadanos, como las mencionadas en el Artículo 17: “Los ciudadanos vietnamitas que viven en el extranjero estarán protegidos por el Estado de la República Socialista de Vietnam”; en el Apartado 2 del Artículo 28: “El Estado creará las condiciones para que los ciudadanos participen en las gestiones estatal y social, y recibirá y responderá de manera pública y transparente a las opiniones y peticiones de los ciudadanos”. Especialmente, el Capítulo III: Economía, Sociedad, Cultura, Educación, Ciencia - Tecnología y Medio Ambiente reguló las políticas y responsabilidades del Estado en el ejercicio de los derechos socioeconómicos, por ejemplo, el Apartado 2 del Artículo 59 dispone: "El Estado creará igualdad de oportunidades para que los ciudadanos disfruten del bienestar social, desarrollará el sistema de seguridad social y adoptará políticas de apoyo a las personas mayores, con discapacidad, con dificultades económicas, y otras desfavorecidas". Según la Constitución de 2013, los derechos de cada ciudadano son reconocidos, respetados y protegidos por el Estado. El Estado no puede disponer de tales derechos arbitrariamente.

En tercer lugar, por primera vez se reguló en la Constitución la limitación de derechos. De acuerdo con los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, algunos derechos pueden ser restringidos en aras de proteger la seguridad nacional, el orden social, la salud, la moral social, los derechos o la reputación de personas ajenas. La Constitución de 2013, basada en el espíritu de las mencionadas convenciones internacionales, estableció en el Artículo 14: “Los derechos humanos y de los ciudadanos no pueden ser limitados a menos que lo prescriba una ley únicamente en caso de necesidad por razones de defensa nacional, seguridad nacional, orden social, moral social y bienestar comunitario”. En consecuencia, de ahora en adelante, nadie puede socavar o restringir arbitrariamente los derechos, excepto en los casos necesarios como los antes mencionados.

En cuarto lugar, una serie de derechos recién incorporados representan un nuevo paso adelante en la ampliación y desarrollo de estos, reflejando los resultados del proceso de Renovación después de casi 35 años. Estos son: “Toda persona tiene derecho a vivir en un medioambiente limpio” (Artículo 43); “Toda persona tiene derecho a disfrutar y acceder a los valores culturales, participar en la vida cultural y utilizar las instalaciones culturales” (Artículo 41); “Los ciudadanos tienen derecho a la seguridad social” (Artículo 34); “El derecho a la propiedad privada y el derecho a la herencia están protegidos por la ley” (Apartado 2, Artículo 32); “En caso de extrema necesidad por razones de seguridad y defensa nacional, o de interés nacional, en un estado de emergencia o en respuesta a un desastre natural, el Estado podrá comprar o requisar obligatoriamente la propiedad de organizaciones o individuos y pagar una indemnización a precio de mercado” (Apartado 3, Artículo 32), siendo estos nuevos derechos que no existían en las Constituciones anteriores. En una economía de mercado con orientación socialista, es inevitable atribuir tales derechos a los ciudadanos, ya que están asociados a la responsabilidad del Estado y su alcance.

4- De la centralización a la asignación, coordinación y control entre los organismos estatales en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial: un cambio fundamental del principio de organización y funcionamiento del poder estatal en el Estado de derecho socialista en Vietnam.

Al institucionalizar la Plataforma de la construcción nacional en el período de transición al socialismo del PCV (complementada y desarrollada en 2011), la Constitución de 2013 agregó un nuevo principio sobre la organización y el funcionamiento del aparato estatal de Vietnam: “El poder estatal está unificado y se divide en agencias estatales, las cuales se coordinan y controlan entre sí en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (Apartado 3, Artículo 2).

En primer lugar, el poder estatal está unificado.

Según el contenido y el espíritu de la Constitución de 2013, el poder estatal unificado recae en el pueblo. Tal concepto se refleja en el principio incluido en la Constitución de 2013: “Todo el poder del Estado pertenece al pueblo”. Las Constituciones anteriores también disponían que “Todo el poder del Estado pertenece al pueblo” pero esto se llevó a cabo por el principio de centralización del poder estatal, por lo tanto, el poder estatal pertenecía al pueblo, pero se concentraba en la Asamblea Nacional. Esa percepción ha expuesto sus limitaciones en el nuevo contexto, debido a que la falta de una clara demarcación en el ámbito del poder estatal condujo a no darles las responsabilidades debidas a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Al mismo tiempo, se restó importancia al derecho del pueblo de ser dueño del país, y se evidenció la falta del control del poder estatal entre las agencias subordinadas. Además, tal principio negó la relativa independencia de los derechos, restringiendo de esa manera la dinámica, efectividad y responsabilidad de cada uno de ellos. Mientras, el pueblo y la sociedad no encontraban soporte para evaluar la calidad del desempeño del poder estatal de las agencias subordinadas. Por lo tanto, en las condiciones de la democracia y del Estado de derecho socialista, la centralización deviene incompatible con el cumplimento del principio de que “el poder estatal pertenece al pueblo”, con los riesgos de abuso del poder del Estado en las agencias estatales.

Al reconocer las deficiencias del principio de centralización en el nuevo contexto, la Plataforma de construcción nacional en el período de transición al socialismo del PCV (revisada y complementada en 2011), así como la Constitución de 2013, afirmaron que “El poder estatal es unificado y se divide en agencias estatales, las cuales se coordinan y controlan entre sí en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (Artículo 2, Constitución de 2013). Todo el poder estatal pertenece al pueblo, percibido en la Constitución como el sujeto superior del poder estatal. La Constitución de 2013 afirmó, además que, a través del poder constitucional, el pueblo confía el poder estatal a la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Poder Judicial. Los cuerpos legislativo, ejecutivo y judicial poseen diferentes funciones, deberes y poderes, pero todos coinciden en el objetivo político común de construir un “Estado que garantice y promueva el derecho del pueblo a ser dueño del país… para perseguir la meta de un pueblo rico y un país próspero, democrático, equitativo y civilizado.” (Artículo 3, Constitución de 2013).

El concepto del poder estatal mencionado anteriormente en la Constitución de 2013 constituye la forma en que la organización del poder estatal defiende la responsabilidad del Estado ante el pueblo y restringe la sobredependencia del poder estatal de las agencias subordinadas en el ejercicio de los derechos y deberes autorizados por el pueblo. Sobre esa base, se eliminan también factores extremistas, opositores e irresponsables en la relación entre los poderes, especialmente entre el legislativo y el ejecutivo. Al mismo tiempo, también se crean las condiciones para conformar un mecanismo de control y evaluación de la calidad y la efectividad del desempeño de los poderes, tanto de los organismos estatales como de parte de los ciudadanos.

En segundo lugar, sobre la asignación, coordinación y supervisión entre las agencias estatales en el ejercicio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

En el régimen democrático y del Estado de derecho socialista, el poder estatal no es un poder inherente, sino autorizado y delegado por el pueblo. Por tanto, se exige de manera legítima mantener el control sobre el poder estatal. Por otro lado, al ser autorizado el Estado, el poder estatal que pertenece al pueblo suele tender a negarse a sí mismo, en contraste con su naturaleza original (es decir, del poder que pertenece al pueblo-la mayoría- a un poder dejado en manos de la minoría, probablemente un individuo o un grupo de individuos). Carlos Marx llamó a este fenómeno la corrupción del poder estatal. Además, el poder estatal es aquel con que el pueblo empodera a las agencias estatales, y en última instancia, se asigna a algunas personas para ejecutarlo. En opinión del filósofo británico John Stuart Mill, las acciones de los seres humanos siempre están influenciadas por las emociones y los deseos, hecho que a veces invisibiliza la racionalidad (3). Con esta característica, es imposible asegurar que las personas encargadas del poder del Estado siempre hagan de forma correcta y completa las tareas encomendadas por el pueblo. Por tanto, el control sobre el poder estatal es una necesidad objetiva del que autoriza hacia las personas autorizadas. Además, el poder estatal no es un parámetro que se pueda medir con exactitud, porque el mismo es un ente unido como se menciona anteriormente, por consiguiente, se requiere mantener el control sobre el poder estatal, con el fin de asegurar su función vinculante y efectiva.

A partir de los requisitos objetivos antes señalados, el poder del Estado se cuantifica mediante las disposiciones de la Constitución para definir los deberes y competencias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Tal cuantificación está destinada a asignar a las agencias estatales la realización de las tareas demandadas por el pueblo. La división del poder estatal en diferentes ramas tiene como objeto evitar el abuso de poder por parte de las autoridades, además de facilitar a los ciudadanos ejercer el control y la evaluación sobre la validez y efectividad del ejercicio del poder. Sobre esa base, las respectivas agencias estatales deben hacer valer sus responsabilidades en el ejercicio del poder del Estado y autoexaminarse en la ejecución de los trabajos asignados así, la Constitución de 2013 dio un nuevo paso en la separación del poder estatal. Por primera vez en la historia del país, se especificó que la Asamblea Nacional ejerce el derecho de elaborar la Constitución (ya no la única con el poder constitucional como reguló la Constitución de 1992), además de ostentar el poder legislativo (Artículo 69); el Gobierno ejerce el poder ejecutivo (Artículo 94) y los Tribunales Populares, el poder judicial (Artículo 102). La distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial a diferentes agencias fue un cambio importante, que facilitó el esclarecimiento de los cargos, roles, deberes y poderes de cada rama del poder estatal.

En tercer lugar, el poder judicial imparte justicia en nombre del Estado, asignado por el pueblo.

Ser independiente y obedecer únicamente la ley constituyen el principio invariable y superior del ejercicio del poder judicial. Las agencias, organizaciones o individuos tienen prohibido interferir en los procesos judiciales (Apartado 2, Artículo 103). Este principio, en esencia, defiende el derecho de proteger la voluntad común del país mediante el enjuiciamiento de las conductas de ciudadanos y órganos estatales que violen la Constitución y la ley. Por tanto, el poder judicial tiene como prioridad superior el deber de proteger la justicia, los derechos humanos y de los ciudadanos (Cláusula 3, Artículo 102). Todas las agencias, organizaciones e individuos tienen la obligación de respetar, preservar y proteger el Estado de derecho y la justicia en los procedimientos judiciales, así como en las decisiones de los tribunales.

A partir de las características del poder estatal, la separación del mismo en tres ramas es una necesidad objetiva. Hoy día, la tendencia a una clara división de estos tres poderes se considera cada vez más importante en la organización del poder estatal, puesto que cuanto más se desarrolle la sociedad, más especializada debería ser la división del trabajo para promover la eficiencia. Al mismo tiempo, la situación práctica de la formación de un Estado de derecho socialista en Vietnam evidencia que la división coherente de los tres poderes es la mejor manera de defender el papel del Estado en el proceso de construcción y desarrollo del país.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en Vietnam el poder estatal está unificado. Es una unidad sustentada en el objetivo político común. Por tanto, la separación del poder estatal no significa la división del objetivo político general del poder estatal. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no están completamente separados, sino vinculados entre sí, y deben coordinarse para cumplir las tareas y competencias que les confiere el pueblo sobre la base de la Constitución como la ley fundamental del Estado, y la sociedad. Los propósitos de la separación del poder estatal consisten en mantener el control sobre el mismo, garantizar la legalidad del Estado y promover la democracia socialista. Este hecho no debe expresarse como una segregación entre poderes. La práctica demuestra que la fuerza y la prosperidad de una nación, así como su capacidad para enfrentar las dificultades y desafíos, están determinadas principalmente por la fortaleza de las instituciones y el compromiso de las ramas del poder estatal con el pueblo en términos de su legalidad. Esto es tan importante como otros factores como los recursos naturales, el clima o la ubicación geográfica del país. Las naciones que puedan mantener el desarrollo socioeconómico y político sostenible a largo plazo serán las que obedezcan el espíritu del imperio de la ley. El significado de la separación del poder estatal es fundamentalmente distinguir las tareas y poderes entre las agencias estatales, para que el Estado opere de manera efectiva, y que el poder del pueblo y el Estado de derecho sean cada vez más apreciados, respetados y protegidos./.

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(1) Ho Chi Minh: Obras completas, Editorial de Política Nacional Su That (Verdad), Hanoi, 2011, tomo 1, pág. 473
(2) Ho Chi Minh: Obras completas, Ibídem, tomo 4, pág. 7
(3) John Mills: Sobre la libertad, Editorial de Política Nacional, Hanoi, 2005, pág. 131
Este artículo fue publicado en la Revista Comunista No. 940 (abril de 2020)

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