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| El profesor japonés Hirofumi Takada. (Foto: VNA) |
Este también vicepresidente del Instituto Nacional de Postgrado para Estudios de Política (GRIPS) hizo dicha evaluación al conceder una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio.
“A través de la prensa y documentos legales relacionados, me entero de que Vietnam planea construir una base de datos sobre los activos e ingresos de los funcionarios para prevenir sus posibles actos de corrupción. Creo que es un gran paso para tener un mecanismo anticorrupción en el sistema del gobierno vietnamita”, manifestó.
Según el experto, es necesario establecer y poner en práctica esa base de datos, pero lo más importante es cómo los funcionarios entienden el propósito y la necesidad de construir este sistema.
En este sentido, si los funcionarios no entienden claramente el objetivo de dicha labor, mientras el mecanismo se aplica de manera muy estricta, puede conducir a un comportamiento no transparente de los funcionarios relacionados con los ingresos ilegales. Por lo tanto, señaló, cada funcionario debe comprender por qué el Gobierno debe establecer un sistema para administrar la riqueza y los ingresos, y luego evitará cualquier actividad ilegal.
En cuanto a la experiencia de su país en el control de activos e ingresos, el especialista recordó que Japón promulgó la Ley de Ética en el Servicio Público en 1999 que estipula la obligación de realizar declaraciones a los funcionarios públicos y aclara las relaciones entre éstos y las partes involucradas.
Asimismo, el Gobierno japonés emitió el Código de Ética para el Servicio Público, que regula los comportamientos prohibidos para el personal del sector.
Sobre la implementación de la Ley mencionada, informó que, a partir de su entrada en vigor en 2000, el número de infracciones descubiertas por el Comité Nacional de Ética del Servicio Público fue trivial, lo cual demuestra la efectividad de este sistema.
En cuanto al sistema de declaración de ingresos, de acuerdo con Takada, estos informes son presentados por funcionarios al Ministerio/Agencia de gestión y luego enviados al Comité de Ética para el Servicio Público para su verificación.
Estos documentos no se publican. Hasta la fecha, se no ha detectado ningún caso de infracciones, aseguró.